 EL ACUERDO QUE ATA AL URUGUAY A LAS MULTINACIONALES PAPELERAS
from CitizenJournalism - recent posts - blip.tv (beta)
April 29, 2008
EL ACUERDO QUE ATA AL URUGUAY A LAS MULTINACIONALES PAPELERAS. 05/03/2006. "El acuerdo Finlandia-Uruguay [firmado en el gobierno anterior] es un cors? que limita (por un per?odo de 20 a?os) las posibilidades de acci?n del gobierno de Tabar? V?zquez para solucionar el conflicto abierto por las papeleras", es lo que explica Laura Vales en este art?culo. EL USURERO PACTO BINACIONAL QUE LA PAPELERA BOTNIA LE IMPUSO A URUGUAY. C?mo tener la pelota bien atada. Supongamos que las papeleras que se construyen en Fray Bentos comienzan a funcionar. Pasa el tiempo, un d?a ocurre un problema de contaminaci?n. Los vecinos de Fray Bentos protestan. Y sus acciones ?cortes de ruta que bloquean la entrada de camiones a las plantas, por ejemplo? perjudican a las empresas. La situaci?n es nada m?s que una conjetura, pero ya est? prevista y sus consecuencias, f?rreamente pautadas: el Estado uruguayo se ver? obligado a indemnizar a las plantas de celulosa por sus p?rdidas, aunque sean culpables de afectar el ambiente. As? lo establece el Acuerdo de Protecci?n de Inversiones que Uruguay firm? con Finlandia, en cuyo art?culo 6 se lee, sin maquillaje: "Los inversores que sufran p?rdidas" por "revueltas, insurrecciones o manifestaciones" ser?n indemnizados "en efectivo, en moneda de libre conversi?n e inmediatamente transferible", con una cifra que se calcular? seg?n el criterio "que resulte m?s favorable" a los due?os de las empresas. Botnia, la compa??a finlandesa que levanta del otro lado del r?o la megaplanta de procesamiento de pulpa de madera, impuso el acuerdo entre los dos pa?ses como condici?n para instalarse en territorio uruguayo. Fue en el a?o 2002, durante la presidencia de Jorge Batlle, antes de que la empresa iniciara las obras de construcci?n. Es una paradoja que la imposici?n fuera conocida por la actitud del Frente Amplio, que se opuso a su firma. La coalici?n que poco tiempo despu?s llevar?a al gobierno a Tabar? V?zquez argument? entonces, con razones ahora borradas de su discurso, sobre los riesgos de este instrumento legal que dej? a los uruguayos en una posici?n muy d?bil para intervenir en lo que las papeleras hagan en su territorio. El acuerdo fue suscrito el 21 de marzo de 2002, en Montevideo, entre el Poder Ejecutivo de Uruguay y el de Finlandia. El Senado lo aprob? el 15 de octubre siguiente y la C?mara de Representantes, el 4 de mayo de 2004. Votaron a favor las bancadas del Partido Nacional, el Colorado y el Independiente. Se opusieron todos los legisladores de Encuentro Progresista-Frente Amplio. El debate qued? asentado en versi?n taquigr?fica. En las formas, es un convenio para la protecci?n de las inversiones de cada pa?s en el otro, en un tono de reciprocidad. Pero su aprobaci?n fue una exigencia de Botnia. En la discusi?n del Parlamento nadie lo neg?. Al contrario. El diputado Pablo Mieres (Independiente) fundament? as? su postura: "He votado afirmativamente porque parece imprescindible que se proceda con la mayor urgencia para la aprobaci?n de esta inversi?n. ?Como si Uruguay viviera en un mundo lleno de inversiones! Ac? pasamos meses tratando de aprobar este acuerdo que, como todos sabemos, es el marco necesario para una inversi?n de mil millones de d?lares. Lamentamos que no haya sido por unanimidad. Pero bueno, aunque sea con una mayor?a ajustada, est? la ley y, por lo tanto, estar?n las inversiones" (Actas de la Sesi?n de la C?mara de Representantes del 04-05-04). Su par Naum Bergstein (batllista) complet? el concepto: "En el mundo entero hoy las grandes empresas privadas no hacen inversiones importantes fuera de fronteras si no median previamente estos acuerdos de protecci?n rec?proca", dijo. Dolores de cabeza. Los art?culos m?s cuestionados del Acuerdo Uruguay-Finlandia fueron el 5, 6 y 9. Ellos norman: - Que las inversiones no podr?n sufrir expropiaciones directas ni indirectas (la figura de "expropiaci?n indirecta" es una novedad). - Que el Estado deber? indemnizar las p?rdidas por manifestaciones o revueltas. - Que en caso de controversia, las empresas podr?n saltearse los juzgados nacionales y llevar el tema a tribunales internacionales, seg?n les parezca. La oposici?n al Acuerdo fue encabezada por el Frente Amplio. La diputada Raquel Barreiro, seg?n consta en la versi?n taquigr?fica, sintetiz? as? su rechazo: "Estamos de acuerdo con las inversiones, pero no con cualquier inversi?n. Las inversiones deben tener en cuenta el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la vida digna de los ciudadanos y, en lo posible, el futuro de la vida de nuestros hijos, porque el cuidado del medio ambiente implica dejar un mundo sano y saludable para ellos". La legisladora cuestion? que se otorgara a las empresas la facultad de elegir, en caso de diferendos, al tribunal arbitral. "Nosotros siempre nos hemos opuesto a esto, porque el inversor se coloca en un plano superior al del Estado y elige los tribunales (privados) que m?s le convengan. Se elude la jurisdicci?n de los tribunales nacionales, con lo que la soberan?a descansa muy maltrecha". Su compa?era de bancada Silvana Charlone se refiri? a la expropiaci?n indirecta: "Me gustar?a saber (a qu? se refiere el convenio) cuando habla de expropiaciones indirectas ?cosa que no ha aparecido en otros tratados?. Nosotros pensamos que vamos a ser gobierno y no s? si nuestra futura reforma tributaria puede ser entendida como una expropiaci?n indirecta de la cual m?s tarde nos vamos a tener que responsabilizar". Aquella sesi?n de aprobaci?n de la ley se hizo cinco meses antes del cambio de gobierno, luego de varios intentos fallidos de sancionarla, cuando los votos del Frente Amplio en el Parlamento estaban en minor?a. Tras convertir el acuerdo en ley, el diputado Ricardo Castrom?n, del Partido Socialista, hizo una lectura a futuro: "Creo que esto le va a traer muchos dolores de cabeza al Estado uruguayo, cualquiera sea la conducci?n pol?tica que a partir de octubre tome los destinos del pa?s", dijo a Radio El Espectador. El acuerdo "no da muchas salvaguardas: les da todas las salvaguardas". "Enclaves extranjeros". Los especialistas consultados por P?gina/12 coinciden en que el punto m?s perjudicial es el que permite a las empresas saltearse la Justicia uruguaya, por la desprotecci?n que eso implica para los ciudadanos. Si una controversia entre las partes no es resuelta de manera amistosa en el t?rmino de seis meses, dice el Acuerdo, "la misma, a criterio del inversor", podr? ser llevada a un tribunal arbitral internacional. El texto pone como opciones la Corte Internacional del Centro para la Soluci?n de Controversias (Icsid) y un cuerpo ad hoc que tome las normas de Naciones Unidas. Tambi?n es visto con preocupaci?n el concepto de expropiaci?n indebida. Y un p?rrafo que establece que "cada Parte Contratante no impedir?, con medidas injustas, o arbitrarias o discriminatorias, la administraci?n de las inversiones". ?Qu? pasar?a en el caso de que el gobierno de Tabar? quisiera, a pedido de la Argentina, modificar el funcionamiento de las plantas papeleras? ?Podr?a el convenio impedir la suspensi?n de las obras por 90 d?as, como intenta acordar Buenos Aires con Montevideo? No est? tan claro. "Pero en principio ?se?alaron los consultados?, cualquier cambio en las condiciones en las que se paut? inicialmente la inversi?n puede hacer que las firmas se consideren con derecho a reclamar." El Acuerdo fue denunciado por el fiscal uruguayo Enrique Viana en su demanda contra el Ministerio de Vivienda por haber autorizado la instalaci?n de las f?bricas. El fiscal apunt? all? un dato agravante: Botnia y Ence tendr?n dos zonas francas. "Se constituyen as? verdaderos enclaves extranjeros privados: ?reas cercadas y aisladas eficientemente". Ser?a un error mirar este acuerdo como algo excepcional, in?dito. Porque aunque algunos de sus art?culos, como el que anticipa una indemnizaci?n si hay manifestaciones, son realmente notables, el convenio debe ser puesto en un contexto m?s amplio: el de los avances del poder de las empresas transnacionales sobre los pa?ses perif?ricos. Firmados a partir de lad?cada del ?90, no s?lo Uruguay si no tambi?n la Argentina tiene convenios de este estilo. Son una de las nuevas formas de dependencia econ?mica, que subordina las leyes locales e incluso los instrumentos b?sicos del derecho internacional. En Argentina, en base a un Tratado con Estados Unidos, Azurix busca cobrar 550 millones de d?lares por un intento fallido de implementar un sistema privatizado de agua en la provincia de Buenos Aires. En Bolivia, tras la guerra del agua, Bechtel Agua del Tunari denunci? al gobierno por el Tratado Pa?ses Bajos-Bolivia. El acuerdo Finlandia-Uruguay es un cors? que limita (por un per?odo de 20 a?os) las posibilidades de acci?n del gobierno de Tabar? V?zquez para solucionar el conflicto abierto por las papeleras. Tiene un extenso per?odo de vigencia, de 20 a?os. Nos guste o no de este lado del r?o, estar? como trasfondo de todas las negociaciones entre Uruguay y Argentina.
|
